ATE y una parte de UPCN planean entrar en las sedes de las dependencias gubernamentales el miércoles tras las miles de desvinculaciones que consideran arbitrarias e ilegales.
Al borde del fin de semana largo, en el Gobierno desmerecieron la reacción de los gremios estatales frente a los despidos masivos en la administración nacional que pusieron en marcha esta semana y festejaron la efectividad de la estrategia para empezar a cumplir con el cupo de 70 mil desvinculaciones que se plantearon como objetivo final del capítulo de ajuste del Estado.
Sin embargo, el anuncio de ATE y UPCN sobre una profundización de las medidas de fuerza el próximo miércoles puso en alerta a la Casa Rosada y los ministerios de Seguridad y Capital Humano, donde evalúan cómo hacerles frente en la calle mientras temen más complicaciones en servicios estatales sensibles.
En la Nación evalúan cómo responder en los edificios públicos, cuya custodia depende de la Policía Federa.
En la Nación avisan que no tienen planeado dar el brazo a torcer con la medida. Más allá del ahorro en las cuentas públicas, que no se especificó, les sirve de sustento para la narrativa central, que plantea como enemiga a “la casta”. Sin embargo, los inquieta que las medidas de fuerza paralicen la administración nacional y afecten -aún más- la atención al público, sobre todo en áreas delicadas que, para colmo, experimentando problemas por otros motivos, como la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).