La jueza Natalia González admitió este miércoles la participación de la Fiscalía de Estado de Río Negro como parte querellante en la investigación penal por presuntas maniobras defraudatorias en perjuicio de la obra social Ipross por parte de un grupo de farmacéuticos.
Tras analizar los planteos de cada parte, la jueza aceptó la intervención de la Fiscalía de Estado, organismo que por mandato constitucional tiene como misión salvaguardar el patrimonio del Estado.
En otra instancia de la audiencia, González convalidó el allanamiento y secuestro de computadoras realizado semanas atrás en la sede del Colegio de Farmacéuticos en Roca. Esa medida había sido objetada de nulidad por parte de la defensora particular de un grupo de imputados, Patricia Espeche.
La magistrada dictó un cuarto intermedio hasta el próximo viernes para resolver sobre una una serie de medidas cautelares solicitadas por la parte querellante, con adhesión de la fiscalía, respecto de las personas imputadas que se encontraban presentes en la audiencia.
Por su parte uno de los abogados rionegrinos de Estado, Federico Rosbaco aseguro que la denuncia es por una maniobra fraudulenta que derivó en una estafa a la obra social Ipross, "su Titular nos pidió que nosconstituyéramos como querellantes”.
Afirmó que las cifras que trascendieron no tienen ninguna mención en el expediente. “El delito es fraude contra la administración pública. La pena máxima puede llegar a seis años y la mínima a dos”.
“Estamos en la etapa preliminar, lo único concreto es la denuncia, que puede derivar en una investigación interna en el colegio de farmacéuticos”.
“Se han secuestrado datos que van a permitir ratificar los indicios que guían la línea de investigación. Lo importante son todas las pruebas, hay una denuncia fundada y razonable”, expresó Rosbaco.
El caso
Conforme los resultados de una auditoria realizada por la actual comisión directiva del Colegio de Farmacéuticos (que diera origen a la denuncia penal), el doble sistema informativo de validación y control de los consumos de medicamentos de los 150 mil afiliados del Ipross habría dado lugar a maniobras de personas dentro del Colegio que, en asociación con titulares de un grupo de farmacias, habrían permitido la facturación de medicamentos no vendidos.