En una sesión marcada por la polémica, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que declara a la educación como “servicio estratégico esencial,” garantizando la continuidad del dictado de clases durante los paros docentes. La iniciativa, impulsada por Pro, UCR y la Coalición Cívica, enfrenta críticas de la oposición y sindicatos.
En medio de un intenso debate, la Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada un proyecto de ley que declara a la educación como un “servicio estratégico esencial.” Esta nueva legislación, que ahora deberá ser discutida en el Senado, busca asegurar que las escuelas permanezcan abiertas y funcionando durante los días de paro docente, implementando un sistema de guardias mínimas obligatorias. La propuesta, promovida por los bloques de Pro, la UCR y la Coalición Cívica, fue aprobada con 131 votos a favor, 95 en contra y dos abstenciones.
El proyecto, que generó tensiones en la Cámara, establece que tanto la Nación como las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberán garantizar el derecho a la educación incluso en días afectados por huelgas. Para ello, se implementará un sistema de guardias mínimas en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria. Dependiendo de la duración de la medida de fuerza, se requerirá la asistencia de entre el 30% y el 50% del personal docente y no docente para asegurar la continuidad del servicio educativo y la alimentación escolar.
Los impulsores del proyecto defendieron la necesidad de buscar un equilibrio entre el derecho de huelga de los docentes y el derecho de los estudiantes a recibir una educación continua. Alejandro Finocchiaro, presidente de la Comisión de Educación, subrayó que la ley pone en primer plano a los estudiantes, afirmando que la regulación del derecho de huelga en la educación es fundamental para garantizar la equidad en el acceso al aprendizaje.
Por otro lado, la iniciativa fue fuertemente criticada por el kirchnerismo y los bloques de izquierda, que la consideran una violación al derecho constitucional a la huelga. La diputada Blanca Osuna y otros legisladores opositores señalaron que la ley podría ser utilizada para debilitar la lucha de los docentes por mejores condiciones laborales, acusando al gobierno de Javier Milei de priorizar la educación privada en detrimento de la pública.
El debate sobre esta ley ha abierto una profunda división en el Congreso y en la sociedad en general, reflejando las tensiones existentes en torno a la política educativa del gobierno. Con la vista puesta ahora en el Senado, la discusión sobre la esencialidad del servicio educativo promete ser uno de los temas más candentes en la agenda legislativa, con implicaciones significativas para el futuro de la educación en Argentina.
