El Gobierno denunció ayer la existencia de una red destinada a proteger contribuyentes en la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La organización funcionaba desde 2016 y tenía como objetivo bloquear el acceso a información sensible de dirigentes y empresarios vinculados al kirchnerismo y sus empresas, según publicó el diario Clarín, que reprodujo el diario Infobae.
La lista de individuos señalados contiene algunos condenados como Alejandro Vandenbroele (sentenciado por el caso Cicone) y Lázaro Báez (preso por el juicio por corrupción en Vialidad), de acuerdo a lo que contó este lunes el periodista Bernardo Vázquez.
La supuesta protección brindada en el organismo de control incluye un periodo que inicia en 2016, en el que gobernó Cambiemos, y tuvo continuidad durante la presidencia del Frente de Todos.
El hallazgo fue realizado por integrantes del actual Poder Ejecutivo Nacional, que al ejercer funciones en el organismo detectaron la existencia de la estructura destinada a proteger los datos de estas personas.
El modus operandi denunciado consistía en bloquear información puntual de patrimonio y movimientos de las personas implicadas y sus activos.
En concreto, están bajo sospecha 51 empresas o personas jurídicas, que aparecían como contribuyentes, pero estaban blindados ante los requerimientos que AFIP realiza normalmente a los ciudadanos comunes y empresas, con fines recaudatorios o eventuales sanciones.
En el sistema informático de la AFIP se encuentra la base de datos de toda la población, con registro de sus actividades productivas y las obligaciones que tienen como contribuyentes. No obstante, existe una nómina en la que sólo aparecen personas cuya información es considerada sensible por motivos especiales, como puede ser el caso del presidente de la Nación. Es decir, a ese apartado se le brinda un trato especial y sólo tienen acceso funcionarios con jerarquía al máximo nivel.
Allí estaban incluidos, sin embargo, personas que se supone gozaban de tal privilegio pero por razones discrecionales, de cercanía política.
Este esquema, denunciado como irregular por la actual conducción del ente recaudador, fue descubierto en esta nueva etapa, donde la AFIP registró cambios en su forma de gestión. Por caso, su nombre fue modificado y pasó a llamarse ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).
Actualmente, ARCA se encuentra a cargo de Juan Pazo, funcionario designado recientemente en reemplazo de Florencia Mizrahi.
En la nómina de supuestos “intocables”, confeccionada durante los últimos dos gobiernos, aparecen figuras emparentadas con las gestiones kirchneristas, como Lázaro Báez, propietario de Austral Construcciones, condenado por fraude a la administración pública a partir de los contratos recibidos para realizar obras financiadas por el Estado en la provincia de Santa Cruz. También aparecen integrantes de su familia.
Alejandro Vandenbroele, en tanto, cobro notoriedad al ser señalado como testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou, en una maniobra que para la Justicia tuvo como fin quedarse con el negocio de la impresión de papel moneda. Boudou en aquel entonces se desempeñaba como ministro de Economía.
Según la información que trascendió en las últimas horas, la primera anomalía se descubrió el pasado 17 de diciembre, cuando los funcionarios de la actual gestión requirieron información de una empresa particular. Sin embargo, el acceso a los pormenores de su actividad se encontraban bloqueados, por formar parte de la nómina hoy sospechada. El episodio fue registrado por los nuevos funcionarios y comenzó el seguimiento de todas las razones sociales que se encontraban en el mismo régimen, gozando de una trato especial. Al emprender tal revisión, los funcionarios concluyeron que medio centenar de empresa se encontraban con esa protección por motivos discrecionales, sin una razón objetiva que justifique el trato diferencial.
