Sancionan el Código Procesal de Familia de Río Negro

 El Código Procesal de Familia de la Provincia de Río Negro fue sancionado ayer por la Legislatura de Río Negro y entrará en vigencia a partir del 2 de marzo de 2020 y atiende a la necesidad de dotar de las herramientas jurídicas adecuadas al Fuero de Familia, en consonancia con los institutos jurídicos surgidos con el advenimiento del Nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina.

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Desde el punto de vista jurídico y de la técnica legislativa, incluida la utilización del lenguaje, se trata de un compendio normativo moderno y actualizado, a la altura de los cambios y transformaciones sociales que se han venido produciendo en nuestro país en los últimos veinte o treinta años.

Se especifica que «en materia de derecho de familia, el marco regulatorio constituye un verdadero cambio de paradigmas, por lo tanto, se prospectó el trabajo en ese sendero», buscando dotar a los operadores y operadoras del derecho que se desempeñan en el ámbito del fuero de familia de herramientas claras y uniformes que guarden congruencia con las características y singularidades de nuestra provincia.

La titular de la comisión de Constitucionales y Legislación General, Tania Lastra (Juntos Somos Río Negro), señaló sobre la sanción de esta ley que Río Negro «es una de las pocas provincias del país que pensó una norma de estas características» y reafirmó que el Código comprende «reglas claras y uniformes al momento de abordar los conflictos familiares, los cuales se han multiplicado y diversificado».

Por otra parte, la Legislatura aprobó modificaciones al Código Procesal Penal de Río Negro, medidas que impactan sobre la cantidad de integrantes que debe tener un jurado que actúe en los juicios. Actualmente es unánime la postura a nivel nacional de integrar los jurados con 12 miembros, en todos los casos.

Sin embargo, cuando se aprobó el Código rionegrino se introdujo un jurado con siete miembros, pero los postulados actuales llevan a readecuar aquella concepción inicial y ubicar la norma provincial  con el ordenamiento nacional y la postura de la Corte Suprema de Justicia.