Un día después de las elecciones, el gobierno nacional aprobó en reunión de Gabinete de Ministros modificaciones presupuestarias para el resto del año, como consecuencia de los efectos de la aceleración de la inflación a un rango de 53%, frente a 39%, derivada de la nueva devaluación, porque afectaron las partidas salariales y de jubilaciones, atadas a la movilidad jubilatoria, y la carga del servicio de intereses y comisiones de la deuda pública.
El Gobierno requiere recurrir cada vez más a mecanismos de financiamiento dentro del propio Estado para afrontar la necesidades del Tesoro Nacional. A través de un Decreto (740/2019) publicado este martes en el Boletín Oficial, se dispuso que distintos organismo del Estado deberán constituir una “aplicación financiera gratuita” a favor del Tesoro Nacional por $86.000 millones en total. Entre ellos están el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Ente Nacional de Comunicaciones, la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Instituto Nacional de Promoción Turística.
De esta forma, el Poder Ejecutivo busca fondos para hacer frente a las necesidades financieras del Tesoro Nacional. Para activar este mecanismo —que se realizará a través de pagarés a esos organismos— se basó en la Ley Nº 11.672, que permite al Poder Ejecutivo a disponer “aplicaciones financieras” a título gratuito por parte de jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional a favor del Tesoro para “atender el financiamiento de sus gastos”. Esas inversiones pueden constituirse por un plazo de hasta 90 días.
Pero Infobae analizó el detalle del Anexo 1 del Decreto 740, con 278 folios, y detectó que las modificaciones presupuestarias y autorización de gastos no contemplados en el Presupuesto ajustado del corriente año suman unos $630.000 millones, equivalente al 12,8% del total, de los cuales se financian con recursos adicionales, principalmente rentas de propiedad (ganancias) del Banco Central por $204.24 5millones; y otros recursos por $102.000 millones.