La ley de emergencia económica llega el lunes a la Cámara de Diputados

Poder al jefe de Gabinete para modificar partidas, tarifas e impuestos

Foto (Gentileza)


La Cámara de Diputados sancionará la semana próxima la ley de emergencia económica, que permitirá al Gobierno nacional reformular partidas del Presupuesto, modificar alícuotas de impuestos y reformar el sistema cambiario o bancario, sin necesidad de enviar los respectivos proyectos al Congreso Nacional.

Fuentes parlamentarias señalaron que el gobierno enviará el próximo lunes la ley de Emergencia Económica, con el fin de emitir el martes el respectivo dictamen de comisión, y así el miércoles poder aprobar el despacho en el recinto de sesiones.

Previo al plenario de las comisiones se realizará una sesión especial para que asuman los diputados que reemplazarán a la veintena de legisladores que presentaron su renuncia para ocupar cargos en el Poder Ejecutivo Nacional o de alguna de las provincias, o en el Senado. Esa sesión se iba a realizar mañana pero se decidió postergar hasta el martes ya que aún el gobierno no convocó a sesiones extraordinarias.

La ley de Emergencia Económica, Social y Cambiaria estuvo vigente entre enero del 2002 y diciembre del 2017, y le permitía al Poder Ejecutivo reformular partidas del presupuesto sin atenerse a las restricciones que existen en la ley de Administración Financiera, reformas en el sistema cambiario, bancario, de tarifas y de los contratos con empresas concesionarias.

Esta ley le permitirá adecuar todas las partidas del presupuesto 2019 que el presidente Alberto Fernández prorrogará a fin de año, ya que decidió no debatir el proyecto enviado por el gobierno saliente, y enviar otro entre marzo y abril.

También se podrán modificar las partidas por medio de decretos de Necesidad y Urgencia sin pedir autorización al Congreso, hasta que se apruebe el Presupuesto 2020.

La ley sancionada en el 2002 durante el gobierno provisional de Eduardo Duhalde -tras la renuncia del radical Fernando de la Rúa y en medio de una profunda crisis política, económica y social- establecía que el gobierno podía modificar tarifas sin recurrir a las Audiencias Públicas. BAE