También se le ordenó al condenado la obligatoriedad de iniciar un tratamiento psicológico y efectuar 100 horas de trabajo comunitario en la institución que determine el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados. Finalmente, se dispuso una prohibición de tomar contacto con la víctima y el sentenciado deberá pagar las costas del juicio. Se remitió, asimismo, la información al Registro Provincial de Condenados por Delitos Contra la Integridad Sexual.
Técnicamente, la condena es por el delito de abuso sexual simple. En el antiguo Código la conducta era descripta como abuso deshonesto.
La Fiscalía, representada por Juan Pedro Puntel y Mariana Giammonna, argumentó que la víctima fue tomada por sorpresa y no pudo defenderse de ningún modo. La psicóloga personal de la víctima y la perita del Cuerpo de Investigación Forense dieron cuenta de la credibilidad del testimonio y del padecimiento posterior de la mujer.
Por su parte, la Defensa pidió la absolución ante la duda de como se desarrollaron los hechos.