El presidente Alberto Fernández defendió la suspensión por 15 días de las clases presenciales en el Amba, el área de mayor riesgo epidemiológico y fuente de potenciales rebrotes de coronavirus en otras localidades, en el marco de una estrategia orientada a limitar al máximo la circulación hasta fin de este mes para aliviar la situación crítica de hospitales y sanatorios.
Como jefe de la coalición de Gobierno, el Presidente admitió haber escuchado posturas opuestas a su decisión, incluso puertas adentro de su Gabinete, pero reafirmó que esta vez optó por fijar su propio criterio ante la gravedad de la situación, a diferencia de las oportunidades anteriores, en las que fueron consensuadas "todas las medidas".
Con todo, la máxima autoridad sanitaria del Gobierno, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, remarcó que la suspensión temporaria de las clases se encuadra en un "paquete de medidas restrictivas" con las que espera bajar el nivel de contagios y explicó que, si bien la infección "no está en las aulas", sí "se genera alrededor de las clases".
"La fuente de infección no son las aulas ni las fábricas, sino las actividades informales, las clases generan agrupamiento de padres, actividades extracurriculares, todo lo que se genera alrededor de las clases", puso como ejemplo Vizzotti durante una actividad junto al ministro de Defensa, Agustín Rossi.
De igual modo, el Presidente recomendó observar lo que ocurre a la salida de los alumnos de muchos colegios primarios, donde "las madres se agolpan" y los "chicos juegan a cambiarse los barbijos".
"Hay que ver lo difícil que es porque todo este tiempo yo escucho a todos: he hablado con maestras de chicos con capacidades diferentes y lo difícil que es trabajar con esos chicos que no entienden el problema sanitario que enfrentan", agregó.
Frente a la decisión del Ejecutivo nacional, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que presentará un amparo ante la Corte Suprema contra el cierre temporario de las escuelas, aunque pidió una instancia de diálogo al Presidente, quien confirmó que lo recibirá mañana en la residencia de Olivos.
La posición de la Ciudad contrasta con lo expresado en febrero último por el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, quien había asegurado que, en caso de "una segunda ola" de contagios, sería suspendida la presencialidad por el lapso de "10 o 15 días" en las escuelas.
Consultado por entonces sobre un potencial aumento de contagios en el distrito, Santilli respondió a la radio Futurock: "Tendremos que tomar alguna interrupción de 10 días o 15 días".
El interés de mantener abiertas las escuelas, expresado insistentemente por Larreta -cuya gestión sin embargo redujo este año un 6,4% el Presupuesto para Educación y lo convirtió en el registro más bajo de la última década- recibió el rechazo de los gremios docentes, quienes denuncian desde principios del 2021 falta de insumos como máscaras y alcohol en gel, para trabajar y problemas de infraestructura y de ventilación en las aulas.
"Yo dialogo siempre, trato de dialogar siempre y de hecho las medidas anteriores, las conversé y las dialogué. Quise cerrar los restaurantes, me pidieron que no lo hiciera, quise cerrar a las diez de la noche y me pidieron que me extendiera hasta las once", recordó el Presidente, en declaraciones a Radio Diez, cuando le preguntaron sobre los reclamos de Rodríguez Larreta.
Fernández advirtió, no obstante, que, pese a haber consensuado "todas las medidas" adoptadas la semana pasada, se enteró luego que "en verdad los negocios que cerraban a las once se podían quedar hasta las doce" y que, incluso, las autoridades porteñas "no estaban de acuerdo con la restricciones a la circulación", entre las 0 y las 6 horas.
"Si uno habla, conversa, acuerda y después decimos que no estamos de acuerdo, entonces no entiendo para qué lo hacemos", dijo e insistió: "Por eso, esta medida no la consensué, la tomé yo, y me hago cargo yo".
En la Ciudad, según el parte difundido este jueves, se consignaron 3.063 nuevos casos de coronavirus y 42 fallecidos; al tiempo que la ocupación de camas de terapia intensiva en el sistema público se ubica en 53,5%, es decir, 241 de las 450 que existen en todo el distrito, que sin embargo muestra mayor tensión en la órbita privada, de acuerdo a lo expresado por autoridades de clínicas y prepagas.
"Nuestra posición es que hubiésemos esperado al menos diez días para evaluar el impacto de las decisiones de la semana pasada", declaró Rodríguez Larreta, pero admitió que un DNU del Gobierno nacional "tiene fuerza de ley y, por supuesto, está por encima de la legislación local y debe cumplirse".
Fuente-Télam