El decreto 780/2024, firmado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, introduce mayores requisitos para solicitar datos al Estado y redefine el concepto de "información pública", generando alertas entre organizaciones de la sociedad civil.
El Poder Ejecutivo modificó la Ley de Acceso a la Información Pública, limitando el acceso a datos sobre funcionarios y excluyendo ciertos documentos de la categoría de información pública. Especialistas denuncian una regresión en los derechos de acceso a la información.
El Poder Ejecutivo argentino emitió el decreto 780/2024, que establece nuevas restricciones al acceso a la información pública, encendiendo alarmas entre organizaciones y expertos en libertad de expresión. La norma, firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, redefine el concepto de "información pública" e impone nuevos requisitos para quienes soliciten datos al Estado, excluyendo cuestiones relacionadas con la "esfera doméstica" de los funcionarios.
El decreto toma como antecedente el dictamen del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, quien en julio había desestimado solicitudes sobre la cantidad de perros que viven con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, alegando razones de privacidad. Esta postura se formalizó en el decreto, aunque también amplió las restricciones a otras áreas que, según expertos, contradicen el espíritu de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, calificó el decreto como "escandaloso", mientras que el especialista en integridad y anticorrupción Luis Villanueva advirtió que se trata de "una regresión en términos de derechos". Los críticos señalan el artículo 3 del decreto, que excluye de la definición de información pública las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, fundamentales en la elaboración de políticas públicas.
En el ámbito gubernamental, las autoridades han defendido la medida, argumentando que busca racionalizar el sistema y evitar la sobrecarga de solicitudes. "Hay preguntas absurdas que no deberían estar bajo el paraguas de información pública", comentaron fuentes de la Casa Rosada, restando importancia a las preocupaciones.
A pesar de los intentos del Gobierno por justificar las nuevas disposiciones, organizaciones de la sociedad civil preparan presentaciones judiciales contra el decreto, mientras que en el Congreso, la diputada radical Karina Banfi ha calificado la medida como "inconstitucional" y exigirá explicaciones al jefe de Gabinete en su próximo informe de gestión.
