Cuatro legisladores radicales fueron suspendidos por el Tribunal de Ética del partido tras haber cambiado su voto y respaldado el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. La medida implica la pérdida temporal de su afiliación y derechos partidarios. Otros dos diputados serán investigados por haberse ausentado durante la votación.
La Unión Cívica Radical (UCR) ha suspendido a los diputados Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi por haber apoyado el veto presidencial de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria, una decisión que contrarió la postura oficial del partido.
La medida fue tomada por la Convención Nacional del partido, encabezada por Gastón Manes y Hernán Rossi, que decidió suspender la afiliación partidaria y los derechos de estos legisladores, lo que les impide formar parte del bloque de la UCR mientras dure la investigación del Tribunal de Ética.
El Tribunal de Ética, compuesto por Alicia Tate, Juan Pedro Tunessi y Ricardo Barrios Arrechea, será el encargado de llevar adelante la investigación y definir la sanción final para los diputados. La suspensión se aplica debido a lo que la dirección del partido consideró una “grave inconducta partidaria” al cambiar su voto, lo que generó daño a la credibilidad del partido. En la primera votación, los legisladores apoyaron la ley de movilidad, pero luego respaldaron el veto presidencial, lo que causó malestar dentro del bloque.
El caso de José Tournier, otro de los diputados que votó a favor del veto, es particular, ya que si bien integra el bloque radical, no está formalmente afiliado a la UCR, por lo que no fue objeto de la misma sanción. En la misma reunión, se discutió también la situación de los diputados Roxana Reyes y Gerardo Cipollini, quienes se ausentaron durante la votación y serán investigados por el Tribunal de Ética.
El descontento dentro del bloque radical no se limitó a la suspensión. Otros diputados del espacio, como Facundo Manes y Danya Tavela, firmaron un comunicado conjunto repudiando la actitud de los cinco legisladores disidentes, señalando que su cambio de voto comprometió la credibilidad y la ética del radicalismo ante la ciudadanía.
El caso no solo ha generado divisiones internas, sino que también muestra una clara fractura en el partido, especialmente en sectores cercanos al gobierno de Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, quien fue uno de los pocos que votó en contra de la suspensión en la reunión de la Convención Nacional.