EL GOBIERNO VETA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO TRAS MASIVA MARCHA EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

A pocas horas de la movilización de estudiantes y docentes en el Congreso, el Gobierno de Javier Milei anunció el veto a la ley de financiamiento universitario, justificando su decisión en razones de responsabilidad fiscal y la necesidad de revisar el presupuesto nacional.
 

El veto, publicado en el Boletín Oficial, se refiere al Proyecto de Ley N° 27.757, que había sido sancionado por el Congreso el pasado 12 de septiembre. Según el decreto, el proyecto violaba el marco jurídico vigente al no considerar el impacto fiscal de sus disposiciones ni especificar su fuente de financiamiento.

La medida desató la indignación de la comunidad educativa, que se había manifestado en una masiva marcha federal en la Ciudad de Buenos Aires y otras localidades, exigiendo al Gobierno que garantice los recursos para las universidades.
 
La Oficina del Presidente, en un comunicado a través de redes sociales, argumentó que la ley establecía un incremento desproporcionado en el gasto público, con un impacto estimado de $251.907.500.000 hasta agosto de 2024, y un gasto adicional proyectado de $811.569.000.000 para recomposición salarial del personal universitario. El Gobierno enfatizó que los aumentos salariales deben negociarse colectivamente y no crear privilegios entre los trabajadores del sector público.
 
La respuesta del Gobierno también incluyó críticas a los opositores que participaron de la marcha, a quienes acusó de formar un "nuevo frente de izquierda populista". Los dirigentes de la oposición, entre ellos Cristina Kirchner y Sergio Massa, se unieron al reclamo por la defensa de la universidad pública, evidenciando la polarización política en torno a la educación superior.
 
El Gobierno, mientras tanto, reafirmó su compromiso con las universidades nacionales y su objetivo de mantener el equilibrio fiscal, asegurando que el debate sobre el financiamiento debería centrarse en el Presupuesto Nacional 2025. A medida que se intensifican las tensiones, el futuro del financiamiento educativo en Argentina se vuelve un tema clave en la agenda pública.