El Gobierno nacional ha oficializado la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) mediante el decreto 953/2024, creando la nueva Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA). Esta medida busca optimizar la recaudación y el control aduanero, mientras que Florencia Misrahi asumirá como directora del nuevo ente.
En un giro significativo para la administración pública, el Ejecutivo argentino ha decidido disolver la AFIP, un organismo que ha estado en el centro de la gestión tributaria del país. La creación de la ARCA representa un intento por parte del presidente Javier Milei de transformar la estructura del Estado, con un enfoque en la eficiencia y la reducción de costos.
Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, la nueva agencia se articulará bajo el Ministerio de Economía, liderada por Florencia Misrahi, quien promete un enfoque más especializado en las funciones tributarias y aduaneras.
La disolución de la AFIP fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y se espera que con esta reforma se logren ahorros significativos, alrededor de $6400 millones, además de una reducción del 45% en las autoridades superiores y un 35% en los niveles inferiores de la estructura actual. Se prevé también la desvinculación de aproximadamente 3100 empleados, muchos de los cuales, según el Gobierno, fueron incorporados de manera irregular durante la administración anterior.
El decreto 953/2024 establece que el personal de la AFIP conservará su situación laboral actual, aunque se espera que la nueva ARCA implemente cambios en la estructura funcional del organismo. Con la creación de esta agencia, se busca una administración más ágil y eficaz, capaz de responder adecuadamente a las demandas del sistema tributario y de la seguridad social, que han sido objeto de críticas por su falta de capacidad de respuesta en los últimos años.
Además de la dirección de Misrahi, la ARCA contará con dos directores generales que supervisarán la gestión impositiva y aduanera. Este nuevo enfoque pretende no solo simplificar la burocracia estatal, sino también fortalecer el control sobre las actividades económicas, asegurando una mejor administración de los recursos públicos en un contexto de creciente demanda social.
