Este jueves, trabajadores estatales y judiciales iniciaron una jornada de huelga de 24 horas en reclamo de una recomposición salarial, sumándose al conflicto aeronáutico y anunciando más medidas de protesta para fin de mes, en medio de las tensiones por el ajuste del gobierno de Javier Milei.
Los trabajadores estatales y judiciales iniciaron este jueves una jornada de paro de 24 horas en protesta por el ajuste salarial impulsado por el gobierno de Javier Milei. La consigna central de las manifestaciones es la "urgente recomposición salarial", en rechazo al impuesto al trabajo y a las políticas de ajuste que afectan a los empleados públicos.
La jornada de protesta, que también incluye movilizaciones en diversas provincias, sigue a una serie de conflictos laborales, entre ellos, la sorpresiva huelga del sector aeronáutico del miércoles, que dejó caos en los aeropuertos del país.
Los judiciales, encabezados por Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), anunciaron el paro nacional de 24 horas y la suspensión de actividades para el viernes. Piumato criticó duramente la propuesta del gobierno, que consistió en un aumento del 2% retroactivo a septiembre, el cual fue rechazado de manera tajante por los trabajadores, quienes calificaron la oferta de "insuficiente" y "un desprecio institucional". Los judiciales continúan exigiendo una recomposición salarial acorde con la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también se sumó a las protestas, con movilizaciones en Buenos Aires y otras provincias. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, denunció que la última paritaria fue "escandalosa" y que el acuerdo celebrado a puertas cerradas implicó una "rebaja salarial sin precedentes".
En este contexto, ATE ya anticipó que podría llevar adelante una huelga general a fines de este mes si el gobierno no accede a revisar sus políticas salariales. Además, el sindicato exige el cese de los despidos en el Estado, la reincorporación de los trabajadores cesanteados de forma "ilegítima", y el rechazo a la privatización de empresas estatales.
El clima de tensión social y laboral continúa creciendo, mientras los sindicatos redoblan sus demandas y aseguran que no descansarán hasta conseguir una respuesta favorable del gobierno.
