El Tribunal Oral Federal Número 7 integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli avanzó este jueves con la séptima audiencia del juicio por las anotaciones de Oscar Centeno con la lectura del requerimiento de elevación a juicio presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante.
El organismo antilavado, actualmente encabezado por Paul Starc, ubicó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como la “principal artífice” de una organización criminal dedicada a la recaudación de fondos ilegales durante su administración.
Según la querella, la estructura delictiva operó entre 2008 y 2015 y tuvo por finalidad montar un sistema sostenido de recaudación de dinero ilegal “para enriquecerse ilegítimamente y financiar otros delitos”, al aprovechar la posición de poder de los funcionarios del Ejecutivo nacional.
Al igual que la fiscalía, la UIF sostuvo que Néstor Kirchner y Cristina Fernández estuvieron al frente de la organización, que de acuerdo con la acusación funcionaba desde la cima del Estado y detalló que los fondos eran entregados alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo o a sus secretarios privados en distintos domicilios, como Uruguay 1306 y Juncal 1411 en la ciudad de Buenos Aires, además de la Residencia de Olivos y la Casa Rosada.
Para la UIF, parte del dinero, era redistribuido o utilizado para pagos a otros funcionarios. El organismo respaldó sus afirmaciones tras mencionar las declaraciones del ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti y el financista Ernesto Clarens, quienes manifestaron haber entregado dinero al fallecido secretario presidencial Daniel Muñóz en departamento de Juncal y Uruguay en el barrio de la Recoleta.
La acusación
La UIF destacó que esos dichos de ambos arrepentidos “refuerzan la participación y el rol de liderazgo de la ex presidenta”, al indicar que impartía órdenes, asignaba funciones y decidía continuidad o suspensión de las operaciones.
También se hizo mencion a la declaración del antiguo titular de la Camara Argentina de la Construccion Carlos Wagner, quien describió una reactivación del esquema de recaudación desde 2012 y precisó que la operatoria se extendió hasta el final del segundo mandato de Fernández de Kirchner.
Clarens, por su parte, brindó detalles sobre aportes de firmas como ESUCO, Cartellone, Chediack y Roggio, vinculados, según sus dichos, a la financiación de campañas políticas entre 2012 y 2015.
La querella describió el esquema como un circuito “permanente, dinámico y aceitado”, destinado a asegurar retornos ilícitos de empresas contratistas del Estado. Según la imputación, para acceder a obras públicas, concesiones viales o subsidios, las compañías debían entregar un porcentaje de los pagos estatales a funcionarios designados para recibir esos retornos.
En el requerimiento de elevación a juicio de la UIF, se citaron tramos de resoluciones anteriores que mencionan bolsos con dinero trasladados a domicilios de Recoleta, Olivos o la Casa Rosada, y luego enviados a Río Gallegos, señalando que las evidencias conducen a sostener que el destino final de los fondos eran los expresidentes.
