El Gobierno implementó cambios en la Ley de Etiquetado Frontal, vigente desde 2022, bajo el argumento de "alinear la normativa con estándares internacionales". Según la resolución publicada en el Boletín Oficial y gestionada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), las modificaciones flexibilizan las restricciones para la publicidad de alimentos y reducen las advertencias obligatorias en los envases.
A partir de ahora, los octógonos negros únicamente identificarán el exceso de azúcar, sodio, grasas y calorías añadidas durante el proceso de producción, excluyendo los valores presentes de forma natural en los alimentos. Este cambio limitará la cantidad de información que los consumidores reciben sobre el impacto de los productos en su salud.
Los productos que ya cuentan con etiquetas según la normativa anterior podrán seguir a la venta hasta agotar su stock. A partir de ese momento, todas las empresas estarán obligadas a cumplir con los nuevos requisitos establecidos por la reciente modificación de la ley de etiquetado frontal en sus futuros lotes.
La medida ha generado críticas desde sectores que advierten un retroceso en la protección del derecho a la información clara y completa sobre los alimentos que se consumen. Mientras tanto, especialistas en salud pública subrayan que esta flexibilización podría favorecer intereses empresariales en detrimento de los consumidores.
