Existe una relación cada vez más evidente entre las posibilidades de acceso a la justicia y los niveles efectivos de desarrollo económico inclusivo. Bajo esa premisa, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impulsamos una política de acceso a la justicia centrada en el empoderamiento legal de todas las personas.
Una justicia enfocada en las personas coloca a las comunidades y sus necesidades jurídicas en primer lugar, diseña soluciones que responden a los problemas y trabaja en conjunto con otros organismos en busca de hacer efectivo también el derecho a la salud, a la vivienda y al empleo, entre otros.
Es así como en 2018 inauguramos los primeros centros e itinerancias del Corredor Legal Sanitario del Norte, un programa que brinda asesoramiento jurídico y atención de salud primaria a los habitantes de comunidades rurales e indígenas que habitan la precordillera en siete provincias.
En los recorridos de la oficina móvil Jujuy (Susques) y Santiago del Estero (Campo Gallo) ya se atendieron más de 1.900 consultas y se realizaron más de 100 itinerancias. Se encuentra en proceso inicial de trabajo los nuevos puestos de atención en Tucumán (Amaicha del Valle), Salta (Cachi), La Rioja (San Blas de los Sauces), y Catamarca (Belén).
Estas iniciativas buscan darle prioridad a las poblaciones en situación de vulnerabilidad al poner énfasis en el acceso a la justicia y crear nuevos puntos de atención para que el Estado llegue y esté presente en las zonas postergadas. De ahí que parte de los esfuerzos están desplegados en el Norte argentino, luego de que un estudio nacional de necesidades jurídicas realizado por el Ministerio reflejara que es una de las regiones con mayores índices de problemas jurídicos no resueltos.
En la misma línea, y buscando garantizar el acceso oportuno al asesoramiento legal, gratuito y de calidad para las mujeres víctimas de violencia de género en la región, en marzo presentamos a las primeras profesionales del Cuerpo gratuito de abogadas que asistirá legalmente a las afectadas por este tipo de violencia.
Asimismo, adjudicamos 145 dispositivos duales a las provincias de Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta y Tucumán, una herramienta para el control de las medidas cautelares utilizada en el marco de procesos judiciales por violencia de género, acción que se desprende del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Al estar donde tenemos que estar, reiteramos nuestro compromiso con la promoción del ejercicio efectivo de los derechos de todos. Seguiremos fortaleciendo el trabajo de nuestros Centros de Acceso a Justicia, tanto en el Norte como en el resto del país, donde desde 2016 atendimos más de 835 mil consultas legales.
Junto a la comunidad global trabajamos para que el objetivo de lograr una Justicia para Todos sea una realidad mundial. El Ministerio de Justicia está comprometido con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; con el ideal de no dejar a nadie atrás, participamos de reuniones internacionales a fin de discutir iniciativas que nos ayuden a acelerar su cumplimiento.
Durante este mes el debate tendrá lugar en la Argentina: entre los días 7 al 10 de mayo, organizamos la Semana de Acceso a Justicia. Junto autores clave del sector justicia, la comunidad académica y la sociedad en general, pensaremos los desafíos para caminar juntos hacia una sociedad más justa, pacifica e inclusiva.
(*) Subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
