Una fiscal de Tarija denunció su destitución por investigar a Evo Morales en un caso de trata y tráfico de personas. Aunque la Fiscalía General asegura que el proceso continúa, el expresidente lo considera parte de una persecución política en medio de las tensiones con el actual gobierno.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, está siendo investigado por presuntamente encabezar una red de trata y tráfico de personas, un caso que también involucra el abuso de una menor de edad.
La investigación cobró mayor relevancia cuando la fiscal Sandra Gutiérrez, de la región de Tarija, denunció que fue destituida por su rol en el caso, afirmando que su salida fue solicitada de forma irregular. "Como no acepté, fui destituida", dijo la funcionaria a medios locales.
Sin embargo, el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, aseguró que la destitución de Gutiérrez se debió a errores procesales y negligencia, pero subrayó que la investigación sigue su curso. Lanchipa confirmó que una orden de aprehensión contra Morales fue emitida, aunque luego invalidada por otros fiscales.
Desde el Chapare, región cocalera de Bolivia donde reside, Morales respondió a las acusaciones a través de redes sociales, denunciando una persecución política y señalando que gobiernos anteriores ya intentaron silenciarlo. Morales, quien planea postularse nuevamente en 2025, ha sido acusado en otras ocasiones de delitos similares, pero ninguno de los casos ha prosperado.
La oposición calificó el caso como una maniobra política del oficialismo, mientras que la defensa de Morales asegura que este es otro intento de debilitar su figura en medio de la disputa interna con el presidente Luis Arce por el control del Movimiento al Socialismo (MAS).
