A lo largo de 12 años años, los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, giraron $1.200 millones, según informó el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj. Fueron entregados a través del Programa de Fortalecimiento Comunitario.
Ese programa fue calificado Avruj como una “obscenidad” y lo dio de baja a través de la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial. El ex secretario de Derechos Humanos del Gobierno de Mauricio Macri denunció que los subsidios fueron utilizados “para litigar contra el Estado”. El esquema “se convirtió en una vía de financiamiento para organizaciones que contrataban abogados para reclamar tierras, dijo. Los informes de la SIGEN así lo demuestran. Pero no es todo. Hay millonarios subsidios que quedaron en el camino.
Según pudo establecer Infobae de fuentes judiciales, al menos tres comunidades que recibieron subsidios por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas usurparon tierras en La Patagonia:
1. Lof Che Buenuleo (Río Negro)
En 2019, miembros de la comunidad Lof Che Buenuleo ocuparon tierras en San Carlos de Bariloche, que eran propiedad privada de la familia Soriani.
En 2020, la justicia provincial ordenó el desalojo de la comunidad, pero el conflicto continuó con denuncias de violencia y nuevos intentos de recuperación del territorio.
La comunidad recibió $1.770.000 del INAI en 2023 para asistencia jurídica.
2. Lof Kinxikew (Neuquén)
Ocuparon tierras en San Martín de los Andes.
En 2022, la comunidad fue mencionada en disputas territoriales con privados y el Ejército Argentino, que administra tierras en la zona.
Recibió $1.950.000 del INAI en 2023 para asesoramiento legal.
3. Newen Mapu (Río Negro)
Ha participado en reclamos territoriales en El Bolsón.
En 2023, recibió $4.480.000 del INAI.
La Agrupación Mapuche Linares, en Neuquén; Lof Malal Pincheira, en Mendoza y entre otras, Lafken Winkul Mapu en la provincia de Río Negro también recibieron subsidios por más de seis millones de pesos y tienen conflictos por tierras en Malargüe en la región mendocina de La Payunia, donde hay interés por la exploración de hidrocarburos y desarrollo ganadero. En Vaca Muerta en Neuquén dónde hay tierras en disputa en áreas donde operan empresas petroleras, especialmente en la Cuenca Neuquina como YPF y Tecpetrol y en la zona de Villa Mascardi, en Río Negro.
Irregularidades en la firma de subsidios y convenios
Las dos auditorías son un rosario de falencias e irregularidades al momento de firmar los convenios y su posterior control y rendición de cuentas.
Un ejemplo: el 28 de octubre de 2022, se aprobó un “convenio” para el Lof Catriman Colihueque y la Comunidad Nahuelpan por un monto de $1.690.000 para la contratación de “Servicio Jurídico”, pero cuando los auditores revisaron la documentación respaldatoria descubrieron que:
-”No existen registros del contacto y/o reunión virtual o presencial y/o articulación entre técnicos del Área de Gestión Territorial con referentes para evaluar la solicitud realizada”.
-”No existen registros de los Informes mensuales con los avances”.
-”No se evidencia comunicación a la comunidad sobre el desembolso de los fondos”.
-”Se incorpora en el convenio el pago de honorarios a un Licenciado en Ambiente”.
-”No agrega informe técnico detallando la excepcionalidad”, ya que se suponía el subsidio era para contratar abogados.
SUBSIDIOS INAI COMUNIDADES MAPUCHES
Algo similar ocurrió con el convenio por $1.770.000 también para supuestos servicios jurídicos a la Comunidad Mapuche Lof Che Buenuleo y la Colonia Nahuel Huapi. En este caso los auditores establecieron que:
- “No existen registros del contacto y/o reunión virtual o presencial y/o articulación entre técnicos del Área de Gestión Territorial con referentes para evaluar la solicitud realizada”.
-”No existen registros de los Informes mensuales con los avances”.
-”Al momento del relevamiento, no se agregaba documentación al actuado desde el 17/07/2023. Se encuentra vencido el plazo de presentación de rendición de cuentas, fecha de finalización del convenio: 02/01/2024″.
Uno de los casos en que las comunidades mapuches contrataban abogados a los que pagaban con el dinero de estos subsidios es el caso de las parcelas liberadas en el Parque Nacional Los Alerces tras cinco años de ocupación
El conflicto por la violencia mapuche está presente tanto en la Argentina como en Chile
Hay casos más escandalosos. En cumplimiento de la sentencia en el caso comunidades indígenas miembros de la Asociación Ihaka. Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina - Departamento Rivadavia, provincia de Salta, se firmó un “convenio” por $29.210.000. Pero, al controlar el destino de los fondos, la SIGEN advirtió:
-”El convenio que se ejecutó por fuera del Programa de Fortalecimiento Comunitario”.
-”No existen registros del contacto y/o reunión virtual o presencial y/o articulación entre técnicos del Área de Gestión Territorial con referentes para evaluar la solicitud realizada”.
-”Se informa el expediente como un servicio jurídico que se encuentra enmarcado en el Programa de Fortalecimiento Comunitario y se trata sobre el cumplimiento de una sentencia”. Pero “no existe registros de lo tratado en el comité ejecutor de la sentencia en el caso comunidades indígenas miembros de la ASOCIACIÓN LHAKA HONHAT (nuestra tierra) vs. Argentina, como antecedente del convenio”.
-”No existen registros de Informes con los avances de la ejecución”.
Hay una pregunta que no le corresponde responder a la SIGEN ¿dónde están y quien o quienes se quedaron con los millones de estos tres convenio?”.
Falta de registros y metodología de trabajo
El informe de auditoría N° 11/2023 de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) también detectó graves falencias en el seguimiento y control de las causas judiciales en las que el organismo es parte.
La auditoría, por ejemplo, constató que la Dirección de Asuntos Jurídicos no cuenta con un registro formal y sistemático de los juicios en los que interviene. Esto significa que no se tiene un control adecuado sobre el avance de los litigios, las acciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos.
Según el informe, la Dirección tenía 31 expedientes judiciales principales y 11 expedientes incidentes vinculados, de los cuales 16 tenían un movimiento frecuente y constante. Sin embargo, la documentación de respaldo sobre el estado de estos casos no fue suministrada a los auditores.
El Sistema Único Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ) es de uso obligatorio para los organismos públicos que representen al Estado en juicios, según el artículo 2 del Decreto 1116/2000 y la Ley N° 25.344. No obstante, el informe revela que la Dirección no utiliza este sistema para registrar y hacer seguimiento de sus litigios.
Otra de las observaciones destacadas es la ausencia de una cuantificación clara del impacto económico de los litigios en los que el INAI es parte.
