Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, comenzaron a registrarse tomas en distintas casas de estudio del país. En la Ciudad de Buenos Aires, las facultades de Ciencias Sociales y Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fueron ocupadas este martes por la noche por estudiantes que declararon estar en “estado de alerta y movilización”.
“Frente a la condena a CFK, la facultad permanecerá tomada desde las 22 en defensa de la democracia. Durante el día de mañana no habrá clases”, informó el Centro de Estudiantes de Sociales en un comunicado difundido en redes.
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) también fue tomada tras una asamblea estudiantil. La Federación Universitaria de La Plata (FULP) denunció un “comportamiento mafioso del Partido Judicial” y afirmó que se trata de “un ataque a la voluntad popular y al proyecto político que impulsó la apertura de universidades, la inversión en ciencia y tecnología y el desendeudamiento del país”.
Las acciones podrían replicarse en otras universidades del conurbano bonaerense, como la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) y la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), cuyas agrupaciones estudiantiles convocaron a reuniones para definir posibles medidas.
“Estamos organizados para enfrentar este ataque a la democracia. No descartamos cortes de calle frente a cada facultad”, sostuvo Lucas Bonfante, estudiante de Filosofía e Historia y candidato legislativo por la izquierda, quien comparó la coyuntura con el clima represivo de la dictadura de Onganía.
El reclamo tuvo el apoyo de sectores del peronismo, organizaciones de izquierda y del movimiento estudiantil reformista. El Movimiento Nacional Reformista (MNR), ligado al Partido Socialista, expresó su rechazo a “la criminalización de la política”, mientras que, hasta el momento, la Franja Morada no se pronunció públicamente.
Desde los centros de estudiantes advierten que las medidas podrían continuar y multiplicarse si no hay una respuesta institucional frente a lo que consideran un “quiebre del Estado de Derecho”.
