Patricia Bullrich, ministra de Seguridad entre diciembre de 2015 y de 2019, fue una de las integrantes del Gabinete de Mauricio Macri que más visibilizó la grieta política existente en Argentina.
Parte de la población aplaudió sus políticas de mano dura contra la delincuencia y su respaldo incondicional a las fuerzas de seguridad. Otra parte la criticó por el mismo motivo, en especial cuando defendió actuaciones polémicas como la del policía Luis Chocabar, quien disparó por la espalda a un ladrón que huía de un robo en el que apuñalaron a un turista.
Su sucesora, Sabina Frederic, se sitúa en las antípodas. En sus primeras dos semanas en el cargo ha derogado protocolos aprobados por Bullrich y ha anunciado que pedirá revisar varios casos, entre ellos la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Frederic, antropóloga e investigadora del Consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas (Conicet), dio marcha atrás con la autorización de la policía para disparar sin agresión previa ni haber dado la voz de alto. También prohibió el uso de pistolas eléctricas taser salvo para los cuerpos especiales y puso fin al pedido de documentación en las calles y estaciones de trenes. La "medida criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados", justificó la resolución publicada el martes en el Boletín Oficial que deja sin vigor los reglamentos aprobados por Bullrich. "Se trata de una herramienta que pone a disposición de las fuerzas policiales y de seguridad la posibilidad de reforzar criterios de selección y discriminación", agrega el texto oficial.
La ministra designada por Alberto Fernández ha marcado también distancias sobre la lucha contra el narcotráfico. El macrismo lo convirtió en una de sus banderas y durante su gestión se dispararon las incautaciones de drogas y el número de detenidos, con un récord de 43.194 este 2019. Sin embargo, para Frederic la política de su predecesora carece de resultados claros y sostiene que "la persecución ha sido principalmente sobre el narcocomenudeo y consumidores".
Frederic ha anticipado que convocará a un debate para avanzar en la legalización del consumo y producción de cannabis, al igual que han hecho otros países como el vecino Uruguay. "El costo para el Estado de la persecución al tráfico de marihuana es altísimo también. Y muchos de nosotros sabemos que el daño que produce la marihuana es menor que el alcohol, entonces hay que tratar de ir en principio por ese camino", declaró la ministra a Radio Metro días atrás.
En su revisión de las políticas de Bullrich, Frederic, procedente del organismo de derechos humanos Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), ha criticado con especial dureza la actuación de la policía militar, la Gendarmería, en casos emblemáticos como las muertes del fiscal Alberto Nisman y del artesano Santiago Maldonado.
Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 durante el violento desalojo policial a mapuches en la Patagonia y su cuerpo no fue localizado hasta 78 días después. La autopsia determinó que no tenía signos de violencia y que murió ahogado en el río donde se lo encontró, pero Frederic denuncia que el operativo de desalojo "fue pésimamente realizado" y reunirá información para brindar a la Justicia.
Nisman fue hallado muerto en el baño de su casa de un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015. Cuatro días antes, había denunciado ante la Justicia a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de los autores del atentado contra la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA), que causó 85 víctimas mortales el 18 de julio de 1994.
La Cámara Federal de Buenos Aires dictaminó tres años después que Nisman fue asesinado y se basó, entre otras evidencias, en la pericia realizada por Gendarmería. Frederic anunció que pedirá revisar ese medida de prueba una vez cambie la cúpula de las fuerzas de seguridad.
Bullrich no ha dudado en tildar de "aberración" las declaraciones de la ministra sobre el caso Nisman y ha instado a Gendarmería a desobedecer lo que considera "una orden ilegal" por proceder de una integrante del Ejecutivo y no de la Justicia. Desde los tribunales han descartado también cualquier revisión, pero pese a la relevancia del caso, la investigación sobre Nisman no avanza. A pocas semanas de cumplirse cinco años de su muerte Nisman, no hay sospechosos ni culpables.
