La Cámara de Diputados tratará en los próximos días, en el marco de las sesiones extraordinarias, el proyecto de Consenso Fiscal que redefinirá la relación entre la Nación y las provincias.
En noviembre de 2017 el entonces presidente Mauricio Macri firmó el Pacto Fiscal con 19 gobernadores provinciales. El mismo consistía fundamentalmente en un compromiso por parte de las provincias en la reducción progresiva de algunos impuestos como Ingresos Brutos, sellos o el Inmobiliario.
Sin embargo, ello llevó a un proceso de desfinanciamiento de las arcas provinciales, azuzado por el creciente endeudamiento al que acudieron las provincias para financiar el déficit.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina publicado en octubre de 2019 (Endeudamiento provincial, el fenómeno silencioso 1 ), el stock total de deuda provincial pasó de 270 mil millones de pesos a 1 billón 730 mil millones, esto es un aumento de 540% en tan sólo cuatro años. Para tener una dimensión de esta fenomenal dinámica de endeudamiento vale aclarar que en los once años previos, de 2004 a 2015, el stock total de deuda se incrementó nominalmente sólo un 250% lo cual implicó, en términos reales, una reducción del peso de los servicios de deuda en los presupuestos provinciales. O dicho más llanamente: un desendeudamiento.
Si en 2004 el total de las deudas provinciales representaban 1,62 veces el total de los ingresos corrientes de las provincias (recaudación + coparticipación), para 2015 pasó a representar 0,37 de los ingresos.
Esta política de desendeudamiento propiciada desde el Estado tuvo un giro a partir de 2016. En ese momento el gobierno planteó que las provincias debían dejar de financiarse a través de los ATN (transferencias directas de la Nación) para comenzar a financiarse en el mercado de capitales. O sea, vía libre para endeudarse y, para peor, ¡en dólares!
El impacto inmediato fue un incremento de las deudas provinciales. Así, si analizamos el ratio deuda sobre ingresos provinciales que, en definitiva, es la capacidad de repago de esa deuda, observamos que algunas provincias están muy por encima del ratio promedio de 0,65. Se destacan los casos de Chubut (1,8), Neuquén (1,3), Jujuy (1,1) y Buenos Aires (1,0). En el otro extremo San Luis y La Pampa están desendeudadas con un ratio de 0,0 y 0,1 respectivamente.
En tanto, la situación fiscal de la provincia de Buenos Aires es particularmente preocupante no sólo por su volumen de deuda sino porque el peso de su economía representa aproximadamente un 40% del producto nacional, por lo que cualquier inestabilidad financiera de la provincia podría afectar la macroeconomía. Analizando la deuda provincial se observan algunos cambios cualitativos en su composición a partir de 2016: la deuda en moneda extranjera pasó de 57% en 2015 al 82% en 2019; el peso de los servicios de deuda en el presupuesto pasó del 10,5% a casi el 18% en el mismo período, comprometiendo severamente las cuentas provinciales. Pero, además, no sólo se incrementó significativamente el volumen de deuda y su porción en dólares, sino que se acortaron los plazos, por lo que gran parte de los vencimientos comprometen al actual gobernador: sobre untotal de 11.300 millones de dólares, 8.800 millones vencen durante la gestión actual.
De esta forma, se quintuplicó la deuda provincial, configurando un verdadero campo minado dejado por la ex gobernadora Vidal a la gestión de Axel Kicillof.
El debate por las finanzas provinciales recién comienza. El oficialismo sostiene que, atento a la crítica situación de la mayoría de las provincias, no es tiempo de reducir impuestos
comprometiendo aún más los balances de los estados subnacionales. Pero, además, el debate se vincula a la coparticipación y los fondos que cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires reciben.
Existe una voluntad de dar marcha atrás con los cambios implementados por el ex presidente Macri, mediante los cuales incrementó la coparticipación de distritos holgados como el caso de la CABA, a costa de otras provincias en situación más acuciante. Todo parece indicar que los cambios propuestos en el régimen de coparticipación estarán a tono con el espíritu de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
(*) Juan Pablo Costa es Sociólogo UBA. Maestrando en Sociología Económica (Idaes-Unsam). Docente universitario e investigador del Centro de Economía Política Argentina (CEPA)
